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documentos pontificios que no la tenían; el haber
intentado darles validez que es atribneion propia
oel
poder civil.
Ahora bien; ¿era conveniente que el funcionario
püblico que
h~bia
abusado de su autoridad, conti–
nnara en el ejercicio de la 1nisma, 1niéntras se ele·
pnraba sn conducta en el juicio?
El·
eócligo penal adoptado en casi toda la Re–
pública ha previsto
los casos de
suspension de
los
funcionario~
eclesiásticos. Dice así:
«
Ouan–
clo la psna (le inhabilitacion, destitucion
ó
sutspension~
recaiga en personas eclesiásticas se lünitarán sus
efectos á los carg·os y derechos que no tengan por
la
Igle~ia.
Los eclesiá.__.ticos incursos en dichas pe–
nas,
quedará·n
in~
pedidos en todo el
tien~po
ele su du–
racion para ejercer en el Estado la jutriscliccion
eclesiástica, lct cura ele las
aln~as
y
el 1ninisterio de
la
preriicacion~
y
para percibi1·las rentas eclesiás-
ticas~
salvo la
congr~ta.
»
(1)
.
Verdad es que en este caso se
trata de una
pena ilnpue9ta, despues de seguido el jucio crimi–
nal
eor1:espondiente~
y
no de una suspension decre–
tacla
administrati van1ente.
Pero no
es
n1enos
cierto que esa pena es itnpuesta por los jueces or–
rlinarios qn
representan al poder civil en el ejerci–
cio de las funeion es j ndiciales.
Llega1no~,
por lo
(1 )
Artículo 122 del código penal.