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r ncione·s, cualquiera que sea el mérito de las razoneE;
·que lo apoyan, lo cierto es
que
no puede estab'.ecerse
p aridad entre los
conventos
y
los otros; porque la
ley
les niega solo
á
ellos la capacidad de adquirir inmue–
bles. Bien
clara
es, pues, la voluntad del legislador,
-ele
que no los posean.
La misma prohibe qne sean herederos, manda supri–
n1ír los que no tengan ocho sacerdotes conventuales
y
dispuso la clausura ele los noviciados.
Esas disposiciones ponen de manifiesto, que la nacion
no tiene interés en la perpetuidad de los conventos,
que
es el fundamento del beneficio de competencia
á
aas
corporaciones.
Lo único que puede alegarse en contrario, es el de–
creto de
16
de setiembre ele
I
829;
pero éste no tiene
fuerza de ley, es muy anterior
á
los Códigos
y,
aunque
no lo tengo
á
la vista, parece que se refiere
á
los crédi–
tos contraídos por los prelados.
Si alguna de las reflecc1ones anteriores puede serle
á
U.
útil, será verdadera satisfaccion para su
muy
aten–
to amigo
y
compañero
S. S.
J}figucl /l ntonia dt' la Lama.
E stimado compañero
y
amigo.
La resolucion d e un juez, ordenando el embargo de
los bienes de comunidades, cuando se persigue el pago
d e
responsabilidades
de éstas,
es perfectamente legal y
no hay razon en la ley, que pudiera justificar
l~limita
c ion de la diligencia á solo los arrendamientos de los
bienes, porque aquello, sería suponer un privilegio es–
tablecido por la ley, de que los pagos se hicieran por
las
instituciones monásticas, tan solo en plazos, y no
como quiera, sino dilatados, mejor dicho, por dividen–
dos, menoscabando así los derechos que la ley confiere
á los acreedores en las condiciones del art.
1129
del C.
de E. C.
ó
bien
<:Í
los que lo fu eren á mérito de una eje–
cutoria, para perseguir la ejecucion, pidiendo la subas–
ta, que es el fin
y
término del juicio ejecutivo.