265 / 674
obispos
y
otros funcionarios de
la iglesia ar–
gentina,
lo 1nismo que los altos funcionarios civi–
les del Estado, prestan juratnento de fidelidad
y
obediencia
á
la Oonstitucion y
á
las leyes del país.
Así es que, solo violando la fé de ese juratnento
o
dándole un significado ilusorio, rídiculo y absurdo,
puede admitirse la posible legitimidad con que los
obispos p1 oceden cuando se rebelan contra las leyes
del país, las desprestigian ó incitan á su desobedien–
cia.
¿Y que significa un funcionario, destinado á
secundar los esfuerzos de los poderes del Estado
para el mejor cumplin1iento de las leyes, que viola
óescarnece el significado de los juramentos que ha
prestado? Si apenas es tolerable y nunea disculpa ole
que en sociedad, un individuo cualquiera falte á sus
co1npron1isos de honor, es de todo punto inadtnisi–
ble é injustificable que un obispo falte á los com–
promisos que contrae con las solemnidades sagradas
del juramento. En todo caso, si los obispos fal·
taran
á
sus jura1nentos y
á
sus compro1nisos) jamás
seria excusable que el poder civil consintiera en
esas desercioneR que conrnueven ·profundamente los
ciinientos del órden social.
El
g~obierno
naci,n1al
tiene, por lo
tanto, el
derecho de impedir que los obispos y demas tuncio–
narios de la
Iglesia~
ya co1no ciudadanos, ya como
funcionarios, infrinjan las leyes del pais y perturben
de ese modo la tranquilidad pública.
17