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GABRIELA CITRONI

los procesos judicialcs relacionados, la Defensorfa constat6 que, de un

total Je treinta y cinco proccsos, solo cuatro se habfan concluido con

sentencia judicial, micntras la mayor parte continuaba en tramite. En

los tres casos de sentencia condenatoria (Jonde la vfctima habfa muerto

como consecuencia de la operacion o Je la sucesiva falta de atenci6n

medica), la rcparacion civil fijaJa oscilaba entre 500 y 3 000 nuevos

soles. En los mismos juicios los acusados habfan sido condenados a

penas privativas Jc la libcrtad Jc entrc uno y cuatro afios, con ejecuci6n

suspendiJa. A partc Je los casos que sc cncontraban en tramite, en las

otras instancias sc habfan cmitido resoluciones Je archivo o sentencias

absolutorias.

Al respccto, la Defensorfa concluy6 que «una parte significativa

Jc las Jcnuncias por homicidio

culpo~o

y lesiones son archivadas por

cl Ministcrio Pt'1blico, lo que impiJc una investigacion profunda y la

Jcterminacic.Sn

de rcsponsabiliJaJ penal. AJicionalmente, hay casos

en los quc

cl

Ministcrio Publico ha tarJaJo mas de un afio antes de

formalizar la Jcnuncia penal. Por otro laJo, en los pocos casos de

mucrtc en los quc hay scntencia conJenatoria la reparaci6n civil

fijada por

d

Podcr Judicial cs manificstamente reducida». Asimismo,

refiriendose a la rccomcndacion formulada en

1998

en el sentido de

garantizar la rcparacion a las vfctimas de esterilizaci6n forzada, la

Dcfensorfa informo quc

cl

Ministro Je Salud nada habfa dicho en

rclacion a la rcparacion cconomica de las vfctimas. En este sentido,

la Dcfcnsorfa inst6 a los miembros Jel Ministerio Publico a que

invcstigaran los casos rclacionados a esterilizaciones forzadas en un

plaza razonablc. Ademas, se encarg6 a la Defensora Especializada en los

Derechos de la Mujer que solicitara proceso administrativo contra los

funcionarios que hayan incumpliJo

cl

deber de cooperaci6n, y pusiera

en conocimiento Jel Fiscal Supremo de Control lntemo del Ministerio

Publico aquellos casos en los que se advirtiera que los fiscales habfan

archivado indebidamente una Jenuncia vinculada a una esterilizaci6n

quirt1Tgica.

De igual modo, entre

1998

y

1999

CLADEM dio a conocer

dos informes Jonde se relataba Jctalladamente la existencia de la

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