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ESTERILIZACIONES FORZADAS EN
EL
PERU:
LA LUCHA
PARA
LA
JUSTICIA.
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la sociedad civil que conozcan casos en los que se haya esterilizado a
mujeres sin su consentimiento, sin contar con la informacion suficiente,
a cambio de alimentos, o en los que la intervencion quirurgica haya
presentado complicaciones, a que presenten su queja ante la Defensorfa
del Pueblo para llevar a cabo la investigacion correspondiente».
De
igual
modo, la Defensorfa recomendo al Ministro de Salud «establecer en
el
presupuesto del sector o Jel Programa Nacional de Salud Reproductiva
y Planificacion Familiar los
recursos necesarios para indemnizar a
las
personas
-o
a los familiares de ser el caso- que hubieran sido esterilizadas
sin
su
consentimiento,
sufrido complicaciones ofallecido
como consecuencia
de intervenciones quc no hubieran cumplido con los estandares de
calidad aceptados en los procedimientos y practicas institucionales y
profesionales».
En marzo de 1998 sc constituy6 una comision conformada por
profesionales del Colegio Medico del Peru, la Sociedad de Gfneco,
Obstetricia y la univcrsidad peruana, encargada de investigar las
irregularidades cometidas en aplicacion dcl Programa Nacional de Salud
Reproductiva y Planificaci6n Familiar. Sin embargo, por 1nucho tiempo
los resultados del trabajo de dicha c01nisi6n nose dieron a conocer ni
al publico ni a la Defensorfa del Pueblo, a pesar de reiterados pedidos
por parte de esta ultima.
En 1999 la Defensorfa del Pueblo publico un segundo informe
(N.
0
27) sabre la aplicacion de la AQV, en el que se investigan ciento
cincuenta y siete casos relativos a vulneraciones de los dercchos
reproductivos ya la salud. Sin embargo, la propia Defensoria resaltaba
la existencia de algunos lfmites al alcance del informe, a saber «a partir
de las quejas presentadas a la Defensorfa del Pueblo no es posible dar
cuenta del universo de problemas que se han generado en la ejecuci6n
del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planifi.cacion Familiar
1996,2000». En el informe se relataba varios casos donde las mujeres
sometidas a AQV no habfan prestado su consentimiento informado
a la practica, habfan sido sujetas a presiones, amenazas o engafios.
Al analizar el estado de las investigaciones llevadas a cabo por el
Ministerio Publico con respecto a los casos de esterilizaci6n forzada y
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