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EsTERILIZAClONES FORZADAS
EN EL
PERU:
LA LUCHA PARA LA
JUSTICIA••.
Finalmente, el Peru sc co.mprometi6 a realizar las modificaciones
legislativas y de polfticas publicas sobre temas de salud reproductiva y
planificaci6n familiar, eliminando cualquier enfoque discriminatorio y
respetando a la autonomfa de las mujeres; ya adoptar e implementar las
recomendaciones formuladas por la Defensorfa del Pueblo al respecto.
Las 11artes se empefiaron a informar a la CIDH, cada tres
meses, del cumplimento del arreglo amistoso. En
2010,
la CIDH
declar6 que el Peru habfa incumplido con varias de las obligaciones
asumidas en el acuerdo
Jc
soluci6n amistosa de
2003.
Sin embargo,
a finales de
2012,
es decir casi nueve afios tras la conclusion del
acuerdo de soluci6n amistosa, se han cumplido las medidas reparatorias
econ6micas y en salud, mientras se han incumplido la reparaci6n
educativa y
el
compromise de investigar y sancionar a los responsables.
La CIDH continua supervisando el cumplimiento de dichas medidas
y puede considerar la oportunidad de presentar el caso ante la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos. En los afios sucesivos han
sido presentadas a la CIDH dos peticiones mas relativas a cases de
esterilizaci6n forzada (perpetrados respectivamente en Piura y en La
Molina, en Lima) y se cncuentran actualmente pendientes ante dicho
organismo internacional.
Antes de la conclusion del acuerdo de soluci6n amistosa en el
caso
MestanzaChavez,
en
2001
se instituy6 una subcomisi6n del Congreso
de la Republica («subcomisi6n investigadora de personas e instituciones
involucradas en las acciones de AQV» ), presidida por el senor Hector
ChavezChuch6n, y encargada de investigar la practica de esterilizaciones
forzadas. Dicha subcomisi6n declare quc tanto Fujimori, como los
diferentes Ministros de Salud, tenfan pleno conocimiento de la existencia
del fen6meno y de su magnitud y se mantenfan regularmente informados
al respecto, sin tomar alguna medida para sancionar las instancias de
esterilizaci6n forzada. A conclusion de los trabajos de la subcomisi6n, el
sefior Chavez Chuch6n present6 una denuncia constitucional (N.
0
151)
contra el ex pi-esidente Alberto Fuj imori (en ese entonces residente en
Jap6n) y los exministros de salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa
Bauer y Alejandro Aguinaga por delitos contra la libertad individual,
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