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GABRIELA CITRONI

y responsabilidades de

la violencia terrorista y

de la violaci6n a los

derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de

2000, imputablcs tanto a las organizaciones terroristas como

a los

agentes del Estado»

(art. 1, el resaltado es agregado). El art. 3 del citado

decreto dispone quc la CVR enfocara su trabajo, entre otros, sabre

«torturas y otras lesiones graves, viol.aciones a los derechos colectivos de

las

comunidades andinas y nativas del pa{s, otros crfmenes y graves violaciones

contra los derechos de

las

personas»,

siempre y cuando sean imputables

a las organizaciones terroristas, a las agentes del Estado o a grupos

paramiiitares.

Como lo indic6 la propia CVR, la formulacion abierta de

las incisos «torturas y otras lcsioncs graves» y «otros crimcncs y

graves violaciones contra las dcrechos de las personas» reconoda la

posibilidad que la CVR dccidiese incluir conductas que no hubieran

sido explfcitamente sefialadas, pero que -par analogia- prcsentasen

similar seriedad.

La CVR no tuvo atribuciones jurisdiccionales y que, par

lo tanto, no sustituy6 en ningun momenta al Poder Judicial y al

Ministerio Publico. En este sentido, sus principales funciones estaban

relacionadas con

cl

esclarecimiento de las hechos acontecidos entre

1980 y 2000 (ya sea «violencia terrorista» o «violaci6n a las derechos

humanos» ), procurando detcrminar el paradero y situaci6n de las

vfctimas, e identificando, en la meJida de lo posible, las presuntas

responsabilidades, y elaborando propuestas de reparaci6n y dignificacion

de las vfctimas y de sus familiares.

Durante tres afios la CVR recogi6 documentacion; entrevist6

personas, autoridades, funcionarios o servidores publicos, llev6 a

cabo audiencias publicas (par un total de mas de

16

900 testimonios

recogidos); y practic6 visitas e inspecciones a lo largo de todo el Peru.

Cabe resaltar que cuando laCVR comenz6 su labor la existencia

de la practica de la esterilizaci6n forzada en el Peru era un hecho de

dominio publico. Por un lado, entre 1997 y 1999 la organizaci6n

CLADEM habia publicado dos extensos informes al respecto y la prensa

nacional habia publicado artfculos e investigaciones independientes.

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