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GABRIELA CITRONI

y responsabilidades de

la violencia terrorista y

de la violaci6n a los

derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de

2000, imputablcs tanto a las organizaciones terroristas como

a los

agentes del Estado»

(art. 1, el resaltado es agregado). El art. 3 del citado

decreto dispone quc la CVR enfocara su trabajo, entre otros, sabre

«torturas y otras lesiones graves, violaciones a los derechos colectivos de

las

comunidades andinas

y

nativas del pa{s, otros crimenes

y

graves violaciones

contra los derechos de

las

personas»,

siempre y cuando scan imputables

a las organizaciones terroristas, a los agentes del Estado o a grupos

paramilitares.

Como lo indic6 la propia CVR, la formulacion abierta de

las incises «torturas y otras lesioncs graves» y «otros crfmcnes y

graves violacioncs contra las dcrechos de las personas» reconocfa la

posibilidad que la CVR decidiese incluir conductas que no hubieran

sido explfcitamente sefialadas, pero que -por analogia- presentasen

similar seriedad.

La CVR no tuvo atribuciones jurisdiccionales y que, par

lo tanto, no sustituy6 en ningun momenta al Poder Judicial y al

Ministerio Publico. En este sentido, sus principales funciones estaban

relacionadas con el esclarecimiento de los hechos acontecidos entre

1980

y

2000

(ya sea «violencia terrorista» o «violacion a las derechos

humanos» ), procurando detcrminar el paradero y situaci6n de las

vfctimas, e identificando, en la medida de lo posible, las presuntas

responsabilidades, y elaborando propuestas de reparaci6n ydignificaci6n

de las vktimas y de sus familiares.

Durante tres afios la CVR recogi6 documentaci6n; entrevist6

personas, autoridades, funcionarios o servidores publicos, llev6 a

cabo audiencias publicas (por un total de mas de

16 900

testimonies

recogidos); y practic6 visitas e inspecciones a lo largo de todo el Peru.

Cabe resaltar que cuando laCVR comenz6 su labor la existencia

de la practica de la esterilizaci6n forzada en el Peru era un hecho de

dominio publico. Por un lado, entre

1997

y

1999

la organizaci6n

CLADEM habia publicado dos extensos informes al respecto y la prensa

nacional habia publicado artfculos e

i~vestigaciones

independientes.

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