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KIMBERLY THElDON
argument6 que la violencia sexual--en contraste con la violaci6n- no
se encuentra prevista y sancionada coma delito en la legislaci6n penal
peruana. Desdc esta optica, decadas de estudios sabre el pluralismo
legal quedaron borradas, y las fronteras
polftico~geograficas
del
Estado~
naci6n tambien marcan las fronteras de los avances legales en cuanto al
tratamiento de las varias formas de la violencia sexual coma un crimen
de lesa humanidad y de gucrra. Refugiandose en al argumento que las
leycs domesticas no definen cstos actos coma delitos, el Ministerio tom6
una definici6n muy restringida de justicia, reduciendo este concepto a
su sentido penal. Empero, una mirada a la jurisprudencia intemacional
resalta que las reparaciones figuran dentro de la justicia en su sentido
mas amplio, y dentro de la justicia restaurativa con su enfoque en la
dignificaci6n y reconocimiento de las vfctimas y sobrevivientes como
un acto complementario a la sanci6n de los perpetradores.
Vale haccr hincapie sobrc las «otras formas» que tanto
provocaron al Ministerio. Pucs, estas «otras formas» incluirian tambien
a la esterilizaci6n forzada coma una forma de la violcncia sexual. Abrir
la definici6n de
vfctima
y
beneficiaria
para incluir a los miles de mujeres
y hombres sometidos a la cstcrilizacion forzada implicaria un enfoque
del Estado peruano como un perpetrador central por media de su
Programa de la Planificaci6n Familiar bajo
el
segundo mandato del
expresidente Fujimori. lTendrfa esta verdad alga que ver con la postura
del Ministerio de
J
usticia? Parece que sf. Cuando por fin el Decreto 2906
fue aprobado el 1 de junio de 2012, bubo una concesi6n frente a las
protestas del Ministerio y otras entidades estatales. Ampli6 las formas
reparables de la violencia sexual, pero sin una palabra sabre la campafia
de la esterilizacion forzada practicada entre los afios
1996~
2000. Asf
que, dentro de los caprichos que he rastreado a lo largo del trabajo de
la CVR, el PIR y el RUY, bubo y actualmente hay una constante:
el
silenciamiento de la mayor forma de la violencia sexual infligida
a lo largo de las dos decadas incluidas en el mandato de la CVR: la
campafia de la esterilizaci6n forzada y las aproximadamente 270 000
mujeres cuyos cuerpos y vidas fueron alterados permanentemente. La
meta de este libro es ilustrar las consecuencias de estos crfmenes de lesa
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